Procuraduría anunció recuperación de espacios para estudiantes en Zipaquirá

La Procuraduría General de la Nación, en ejercicio de su función preventiva recuperó espacios en las Instituciones Educativas (IE) de Zipaquirá, Cundinamarca, Santiago Pérez y La Granja, beneficiando a cerca de 1.341 menores de edad que habían perdido áreas destinadas al comedor escolar y a la recreación.

Tras conocer estos casos, la Entidad intervino para salvaguardar el desarrollo integral, la seguridad y los derechos de los niños, niñas y adolescentes, frente a la reducción de áreas escolares destinadas a la realización de actividades relacionadas con alimentación, deportes, recreación y temas lúdicos.

Procuraduría anunció recuperación de espacios para niños en Zipaquirá

IE Santiago Pérez

Luego de evidenciar que el antiguo comedor escolar de la sede Carrusel del colegio Santiago Pérez era utilizado desde 2020 por la Liga de Tenis de Mesa de Cundinamarca, la Procuraduría adelantó gestiones como mediadora para recuperarlo y adecuarlo para que entrara en servicio la primera semana de julio de 2026.

El ente de control lideró mesas de trabajo y seguimiento con la Alcaldía, la Secretaría de Educación, el Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte, la Personería, directivos, padres de familia y demás actores involucrados, y como resultado se retomó la preparación de alimentos en sitio para más de 1.000 estudiantes, así como la realización de actividades escolares en este espacio. 

IE La Granja

Con resultados positivos culminó la actuación preventiva del Ministerio Público mediante la cual la Entidad recuperó una parte del patio de descanso y recreo de los estudiantes de la Institución Educativa La Granja, sede Santa Isabel, ocupada por la ampliación irregular de un salón de la Junta de Acción Comunal, garantizando mejores condiciones para la recreación y el desarrollo integral de cerca de 341 alumnos.

En este caso, la Procuraduría alertó a la administración municipal el riesgo que representaba la obra para la comunidad educativa y promovió las actuaciones administrativas que derivaron en un proceso policivo por infracción urbanística que ordenó la demolición de la construcción y sancionó a la Junta de Acción Comunal con una multa de $ 159’500.000.

Procuraduría anunció recuperación de espacios para niños en Zipaquirá 
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Procuraduría anunció recuperación de espacios para estudiantes en Zipaquirá

La Procuraduría General de la Nación, en ejercicio de su función preventiva recuperó espacios en las Instituciones Educativas (IE) de Zipaquirá, Cundinamarca, Santiago Pérez y La Granja, beneficiando a cerca de 1.341 menores de edad que habían perdido áreas destinadas al comedor escolar y a la recreación.

Tras conocer estos casos, la Entidad intervino para salvaguardar el desarrollo integral, la seguridad y los derechos de los niños, niñas y adolescentes, frente a la reducción de áreas escolares destinadas a la realización de actividades relacionadas con alimentación, deportes, recreación y temas lúdicos.

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IE Santiago Pérez

Luego de evidenciar que el antiguo comedor escolar de la sede Carrusel del colegio Santiago Pérez era utilizado desde 2020 por la Liga de Tenis de Mesa de Cundinamarca, la Procuraduría adelantó gestiones como mediadora para recuperarlo y adecuarlo para que entrara en servicio la primera semana de julio de 2026.

El ente de control lideró mesas de trabajo y seguimiento con la Alcaldía, la Secretaría de Educación, el Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte, la Personería, directivos, padres de familia y demás actores involucrados, y como resultado se retomó la preparación de alimentos en sitio para más de 1.000 estudiantes, así como la realización de actividades escolares en este espacio. 

IE La Granja

Con resultados positivos culminó la actuación preventiva del Ministerio Público mediante la cual la Entidad recuperó una parte del patio de descanso y recreo de los estudiantes de la Institución Educativa La Granja, sede Santa Isabel, ocupada por la ampliación irregular de un salón de la Junta de Acción Comunal, garantizando mejores condiciones para la recreación y el desarrollo integral de cerca de 341 alumnos.

En este caso, la Procuraduría alertó a la administración municipal el riesgo que representaba la obra para la comunidad educativa y promovió las actuaciones administrativas que derivaron en un proceso policivo por infracción urbanística que ordenó la demolición de la construcción y sancionó a la Junta de Acción Comunal con una multa de $ 159’500.000.

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