El actual ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán Martínez, será investigado formalmente por la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
El proceso penal surge por el presunto robo de chatarra del alumbrado público cometido durante su pasada administración como alcalde de la ciudad de Bucaramanga.
La notificación oficial fue recibida este martes por los dos veedores ciudadanos que formularon la denuncia penal contra el funcionario en la capital santandereana.
De acuerdo con el expediente, el caso involucra el presunto hurto de 70 toneladas de material de hierro y cobre perteneciente al sistema de alumbrado público de la ciudad.
El desvío de este material estratégico se habría ejecutado presuntamente con el objetivo de favorecer de forma directa a un cuñado del entonces alcalde municipal.
A pesar de la gravedad de los hechos denunciados, la investigación penal permaneció completamente estancada durante dos años en un despacho seccional de la Fiscalía en Bucaramanga.
Con el reciente nombramiento de Beltrán Martínez en la cartera ministerial, el caso adquirió fuero constitucional, obligando su traslado inmediato a un despacho de alta complejidad ante el máximo tribunal de la justicia ordinaria.
Este proceso en el ámbito criminal corre por vías estrictamente independientes a la actuación que adelanta de forma paralela la Contraloría General de la República, entidad que se encuentra ad portas de emitir un fallo de responsabilidad fiscal por un millonario detrimento patrimonial en contra de las finanzas del municipio de Bucaramanga.
El documento oficial de notificación
Como prueba del traslado de la competencia judicial, los denunciantes hicieron pública la comunicación oficial emitida por el ente acusador, cuyo texto literal cita textualmente:
«De manera atenta me permito informarle que la noticia criminal de la referencia fue asignada a la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, en virtud de la denuncia presentada por ustedes en contra del Dr. Jaime Andrés Beltrán Martínez, por el presunto delito de Peculado por apropiación.»
Con esta decisión sectorial, la Fiscalía General de la Nación busca reactivar un expediente penal que cuenta con múltiples testimonios y chats de seguimiento que comprometen al actual jefe de la cartera de Vivienda.
«El exconcejal Carlos Parra, de la Alianza Verde, quien ha documentado el caso, aportó a la investigación fotografías satelitales que muestran cómo antes del 12 de febrero de 2024 las bodegas estaban rebosantes del material de alumbrado público obsoleto y cómo, unos meses después, quedaron completamente vacías sin que la alcaldía hubiera hecho ningún proceso público para deshacerse de esa chatarra», señala la investigación de la Revista Raya sobre el tema
Lea la investigación sobre el caso descrito con detalle en la Revista Raya:
