El Congreso de la República aprobó el fortalecimiento financiero más importante de las últimas décadas para la educación superior pública. Aprobado proyecto que le pone más plata a las universidades públicas.

Se trata de la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que ya superó su trámite legislativo y pasa a sanción presidencial.

El proyecto aprobado garantiza más recursos, reglas justas de financiación y un futuro sostenible para universidades, instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias estatales.

«Hace diez años, miles de estudiantes salieron a las calles para exigir financiación pública para la universidad pública. Hoy podemos decir, con certeza, que esa lucha no fue en vano. Aquello por lo que se movilizaron es hoy Ley de la República», dijo el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín.

El Ministro informó a todas y todos los estudiantes de la educación superior pública, a las y los profesores, rectores y a toda la comunidad académica, que el Ministerio de Educación Nacional está listo para radicar ante este Congreso la reforma integral que entiende la educación como un derecho.

Desde 2027 entrará cerca de 1 billón de pesos adicionales para la universidad pública: más cupos, mejor calidad, mejores condiciones para estudiantes y docentes, y más presencia en las regiones.

«Este es un logro colectivo, de un país que ha comprendido que la educación es el primer instrumento para construir la paz. Esto es de ustedes: inscríbanla, celébrenla y acompáñennos, porque vamos por el segundo tiempo», expreso Rojas Medellín.

Este avance representa un verdadero regalo de Navidad y de Año Nuevo para miles de estudiantes, docentes y comunidades educativas en todo el país.

También reafirma uno de los compromisos centrales del Gobierno del Cambio: fortalecer la educación superior pública como pilar de la justicia social, la equidad y el desarrollo nacional.

Con esta decisión, el Congreso aprobó un modelo que permitirá que en el marco de su autonomía las instituciones de educación superior afronten una necesidad histórica.

Durante años, la financiación de las universidades públicas creció muy por debajo de sus necesidades reales. Mientras la matrícula aumentó de forma acelerada, los recursos no acompañaron ese crecimiento, afectando la calidad, la cobertura su sostenibilidad institucional.

La reforma establece un nuevo esquema de financiación que reconoce las variaciones de los costos reales de funcionamiento de las instituciones de educación superior públicas y deja atrás un sistema atado únicamente al Índice de Precios al Consumidor (IPC), claramente insuficiente.

A partir de ahora, los aportes de la Nación se ajustarán con base en el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), calculado por el DANE, lo que permitirá una asignación más justa y acorde con la realidad del sistema.

El Gobierno Nacional ya ha venido dando pasos concretos en esta dirección. En solo tres años, el presupuesto para las instituciones de educación superior públicas pasó de 5,5 billones de pesos a cerca de 12 billones en 2025, incluyendo recursos de gratuidad.

Para 2026, el presupuesto superará los 13 billones de pesos, sin crear nuevos impuestos.

Con la entrada en vigencia de la reforma, en 2027 el sistema recibirá cerca de un billón de pesos adicionales, destinados a ampliar cobertura, mejorar la calidad, fortalecer la investigación cerrar brechas y avanzar en la regionalización de la educación superior.

El objetivo de largo plazo es ambicioso y transformador: alcanzar una inversión equivalente al 1 % del Producto Interno Bruto (PIB) en educación superior pública, acercando a Colombia a los estándares internacionales y a los promedios de países de la OCDE.

Los nuevos recursos estarán orientados a ampliar el acceso, garantizar la permanencia y promover la graduación de estudiantes; fortalecer el bienestar universitario; mejorar las condiciones de la planta docente y administrativa; impulsar proyectos de infraestructura; y cerrar brechas territoriales y sociales que históricamente han limitado las oportunidades de miles de jóvenes.

Este hito legislativo no es un hecho aislado. Es el resultado de un trabajo sostenido de diálogo, concertación y construcción colectiva que el Ministerio de Educación ha denominado el Acuerdo Nacional por la Educación Superior, en el que han participado instituciones de educación superior, estudiantes, docentes y distintos actores del sector.

Colombia despide el año con una certeza: la educación pública volvió a ser una prioridad nacional y un motor real de transformación social.

Aprobado proyecto que le pone más plata a las universidades públicas